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PROYECTO DE LEY EN CONTRA DEL FRAUDE

El pasado viernes el Gobierno aprobó el proyecto de ley de lucha contra el fraude con una serie de medidas orientadas a reducir el impacto de fraude fiscal en los cada vez más escasos ingresos del Estado – Entre esas medidas destacan la limitación de pagos en efectivo en determinadas operaciones comerciales, la obligación de declarar los bienes en el extranjero y unos nuevos límites que determinan la exclusión del sistema de módulos para los que tributan por ese régimen.

Limitación de pagos en efectivo
Se establece un importe máximo de 2.500 euros para los pagos en efectivo en aquellas operaciones en las que intervenga, cuanto menos, un autónomo o un profesional. El límite para los casos en los que los pagadores sean no residentes se fija en 15.000 euros.

Esta medida pretende reducir los pagos en efectivo, que dificultan las investigaciones de las supuestas operaciones fraudulentas, y que se produzcan mayoritariamente los pagos por otros medios (transferencias, talones, pagos con tarjeta, etc.) que son más fáciles de rastrear.
La obligación de declarar bienes en el extranjero
Todos los contribuyentes estarán obligados a informar de todos los bienes que tengan en el extranjero. Por tanto todos aquellos que tengan cuentas bancarias, valores, títulos, rentas o inmuebles en el extranjero deberán comunicarlo a la Hacienda española, independientemente de que ya estén tributando por ellos en los otros países.
Si incumple la norma se sancionará al contribuyente con 5.000 euros por cada dato no declarado, siendo la sanción mínima de 10.000 euros. Además estas infracciones no prescribirán nunca y serán imputadas al ejercicio económico del año que se hayan descubierto.
Exclusión del régimen de módulos
Todos aquellos contribuyentes acogidos al régimen de estimación objetiva, comúnmente conocido como el sistema de módulos, que tengan un rendimiento superior a 50.000 euros anuales y que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares, serán excluidos del sistema.
El Gobierno es consciente de que este sistema favorece el fraude a través de la utilización de facturas falsas y por eso pretende acotar las condiciones en las que se puede utilizar este sistema.
Consideraciones finales
La lucha contra el fraude fiscal ha de intensificarse en un momento en que es necesario aumentar los ingresos del Estado. Sin embargo es más discutible si ésta es la manera de hacerlo.
Por un lado limita la utilización de un sistema de pago perfectamente legal, por otro obliga a declarar bienes que pueden estar perfectamente declarados en los países en los que así procede bajo la amenaza de sanción y, aun encima, determinan que esa falta no prescribe, algo que en el derecho español sólo se aplica al delito de genocidio.
Todo ello, incluida la medida de los módulos, poniendo el acento principalmente sobre los pequeños empresarios y profesionales como si fueran los principales responsables del fraude en nuestro país, cuando las estadísticas del sindicato de inspectores de hacienda indican que el 85% del fraude lo cometen las grandes empresas.

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